Mario Aburto podría alcanzar su libertad este año

Fuentes del gobierno federal detallaron que Aburto podría dejar la prisión a finales de este año si tramita su preliberación y en ella se acepta que se deben restar a su sentencia al menos ocho por la realización de actividades educativas, laborales o culturales, y entre uno y dos años por buena conducta y ser primodelincuente, como consideraba la legislación vigente al momento del homicidio.

México. Mario Aburto Martínez, autor material de homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato priísta a la Presidencia de la República en 1994, podría abandonar la prisión de máxima seguridad de Occidente (antes Puente Grande) a finales de este año, pues aunque la libertad la podría recuperar en un plazo máximo de tres años, al acumular tiempo de reclusión y beneficios legalmente ya está en condiciones de solicitar su preliberación.

Aburto Martínez fue juzgado por los delitos de homicidio calificado, con premeditación, ventaja y alevosía, así como por el ilícito de portación de arma de fuego sin licencia, como lo solicitó el Ministerio Público Federal el 25 de marzo de 1994 al juez primero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México.

Fuentes del gobierno federal detallaron que Aburto podría dejar la prisión a finales de este año si tramita su preliberación y en ella se acepta que se deben restar a su sentencia al menos ocho por la realización de actividades educativas, laborales o culturales, y entre uno y dos años por buena conducta y ser primodelincuente, como consideraba la legislación vigente al momento del homicidio.

De esta manera, en teoría sumaría hasta 27 años de encarcelamiento, que serían suficientes para sostener que ha purgado tres quintas partes de su condena.

De acuerdo con el Código Penal de aquella época y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales esa situación lo coloca como candidato a ser preliberado.

Las fuentes revelaron que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) elaboró un estudio sobre el caso Colosio y la vida en prisión de Mario Aburto en 2003.

En ese estudio se afirma que el sentenciado podría recuperar su libertad en el primer semestre de 2012 o a principios de 2014, según el modo en que las autoridades penitenciarias le reconozcan beneficios.

La Procuraduría General de la República (PGR) detalló que el 5 de octubre de 2004 Aburto fue sentenciado con 48 años de prisión.

No obstante, y según los registros de la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo de la PGR, el inculpado promovió dos apelaciones contra su sentencia. La primera se resolvió el 30 de octubre de 2004 y se le redujo la condena a 42 años.

Posteriormente, promovió el otro recurso, y el 16 de diciembre de ese mismo año el primer tribunal unitario con sede en Toluca estableció en 45 años su pena de manera definitiva.

En la investigación, dirigida por quien fue fiscal especial del caso de 1996 al 2000, Luis Raúl González Pérez, se detalla que, el 23 de marzo de 1994, “minutos después de las 17 horas tiempo local de Tijuana (en la capital mexicana eran las 19 horas), Luis Donaldo Colosio había concluido un mitin al que asistieron alrededor de 4 mil personas, el doble de lo esperado. La camioneta en que abandonaría el lugar quedó a unos 50 metros del templete donde dio su discurso”.

La escolta del entonces candidato, integrada por 14 elementos del Estado Mayor Presidencial, así como los organizadores del evento “intentaron realizar una valla sin conseguirlo, ya que la gente comenzó a arremolinarse alrededor del candidato, quien inició su marcha con mucha dificultad, y debido a la aglomeración, por lo cual avanzó lentamente hacia el puente de acceso a la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

“(...) El sonido ambiental reproducía la melodía La culebra con un volumen muy alto. El licenciado Colosio había avanzado cerca de 13.50 metros, en un tiempo aproximado de 1.58 minutos, según el dictamen pericial (...) cuando Mario Aburto Martínez disparó a la cabeza del candidato”, y dos segundos más tarde al abdomen, indica el informe hecho público en septiembre de 2000.

Mario Aburto Martínez fue detenido y llevado a la delegación de la PGR en Tijuana. El 25 de marzo de 1994 fue consignado ante el juzgado primero de distrito y sentenciado de manera definitiva.

El abogado Francisco Félix Garza García explicó que Aburto puede solicitar su libertad en cualquier momento, ya que en 1994 las leyes consideraban, entre otros beneficios para reducir la condena, ser primodelincuente, observar buena conducta, estudiar y trabajar.

“Pero lo más importante estriba en que en marzo de 1994, aunque se consideraron agravantes para el homicidio de Luis Donaldo Colosio, el delito no era considerado grave. Ese cambio se dio en julio de ese año, y fue en 1999, durante el mandato de Ernesto Zedillo, que en el Código Penal Federal se estableció que aquellos que cometieran homicidio agravado no pudieran obtener beneficios de preliberación y tendrían que cumplir su sentencia de manera completa”, detalla.

En tanto que para el abogado Juan Velázquez, quien fungió como representante de la familia Colosio Riojas ante la PGR, “Mario Aburto debe cumplir su sentencia completa, pues fue acusado de homicidio calificado”.

Cabe recordar que el caso Colosio levantó muchas sospechas sobre cuántos habrían participado en el homicidio material y quiénes serían los autores intelectuales.

Entre otras cosas, se dijo que los orificios habían sido causados por balas de distinto calibre y que se trató de un complot político para sustituir al candidato debido a problemas con el presidente Carlos Salinas.

Además se mencionó que un grupo de narcotraficantes había planeado el asesinato, y también que el asesino había sido suplantado durante su traslado a la ciudad de México.

Con información del diario La Jornada

Insiste en su inocencia Mario Aburto Martínez

Jorge Morales Almada

El asesino confeso de Luis Donaldo Colosio insiste en su inocencia 18 años después

LONG BEACH, California. Lo escribió con su puño y letra desde la prisión de máxima seguridad de Puente Grande: "Yo no disparé en contra del Lic. Colosio... las huellas dactilares encontradas en la pistola eran de la otra persona que se parecía a mí".

Las palabras que niegan culpabilidad en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta están inscritas en la más reciente carta que Mario Aburto Martínez envió a su padre Rubén, radicado en este puerto de California, ubicado a 50 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles.

"Por medio de diferentes torturas físicas y psicológicas me hicieron hacerme culpable de un delito que no cometí jamás. Inclusive, en una de las primeras torturas hechas en la zona de aguas negras del río en Tijuana, el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, estuvo presente ordenando a mis torturadores", escribe Aburto en la carta enviada el 23 de diciembre de 2011.

A pesar de que en 1994 confesó el crimen ante un fiscal federal y después aceptó ante un juez haber actuado solo y de ser el asesino material e intelectual, que en la videograbación de la reconstrucción de los hechos se le notó cooperativo y hasta dando instrucciones, y de que en una entrevista con el periodista Jesús Blancornelas detalló cada paso de lo que sucedió ese día, Mario Aburto insiste en su inocencia a 18 años del magnicidio.

A los 24 años de edad, Aburto fue sentenciado a 45 años de cárcel por el asesinato ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurina de Tijuana. El próximo 8 de julio cumplirá 41 de edad y le faltarán 27 para cumplir su condena.

Su familia y el propio Aburto insisten que se trató de un crimen de estado, planeado desde "las altas esferas del poder".

"Es inocente porque nosotros conocemos a nuestro hijo", dijo el papá en una entrevista realizada en un parque de Long Beach, donde vive desde 1995.

Don Rubén Aburto, de 67 años de edad, está convencido que su hijo nunca estuvo cerca de Colosio aquella tarde del atentado.

"No tienen pruebas contundentes, sólo un video con una mano", comentó a pesar de que el expediente del caso lo constituyen 69,867 hojas en 178 tomos que integran 1,261 declaraciones y 326 peritajes.

Los cuatro fiscales especiales del caso Colosio concluyeron en la culpabilidad de Mario Aburto como el asesino solitario.

"Todos ellos se fueron con la versión del asesino solitario, porque Salinas dio la orden al procurador Diego Valadés", aseguró el padre, quien en el aniversario del magnicidio intenta de nuevo llamar la atención de las autoridades para que reabran el caso.

El caso Colosio fue cerrado en el año 2000, después de 6 años de investigaciones, y fue enviado a reserva en tanto no se aporten más evidencias.

Los supuestos Aburtos.

Don Rubén también quiere que las autoridades penitenciarias pongan atención a las demandas de su hijo, que se ha quejado en múltiples ocasiones de abusos y vejaciones por parte de custodios y operadores del taller donde trabaja en la costura de zapatos.

En una de las cartas recientes que Aburto envió a su padre, se queja de que para realizar su trabajo requiere de lentes porque ya casi no ve y considera necesario que se le haga una operación.

"Papá, la presente es para saludarte e informarte que estoy promoviendo aquí la autorización y apoyo para que me puedan operar de mis ojos en una clínica especializada con rayos láser", señala en la misiva fechada el 2 de octubre de 2011.

En la carta en la que se deslinda del crimen, Aburto señala que existen estudios periciales que determinan que la persona que dispara a Colosio no es él.

"Yo no estoy seguro si fue el agente de seguridad nacional, Jorge Antonio Sánchez Ortega, o el supuesto integrante del Grupo Atlacomulco... dicha persona radicaba en Tijuana y se llamaba Ernesto Rubio Mendoza", agrega el documento epistolar.

Como padre don Rubén confía en la inocencia de su hijo: "Le quitaron toda su juventud indebidamente, lo tienen hasta casi ciego de la tortura, ya es justo, como desde el principio, que me lo saquen libre".

Robados o perdidos, los teléfonos celulares serán desactivados

Ciudad de México. A partir del día primero de septiembre, todo teléfono celular robado o perdido en México será desactivado. Y no sólo el número sino el aparato mismo, con lo cual se pierde un incentivo poderoso para la delincuencia que utiliza estos dispositivos móviles para su ilegal beneficio, afirmó el presidente Felipe Calderón.

Ayer por la mañana al recibir de parte de los operadores del servicio de telefonía celular “las listas negras”, es decir la base de datos de los números telefónicos de dispositivos móviles reportados como robados y atestiguar la firma del Acuerdo para Evitar el Hurto de Celulares a Nivel Regional con la Asociación GSM, que combate el tráfico transnacional de móviles de manera ilegal, el jefe del Ejecutivo dijo:

“No sólo vamos a atender el grave problema que representa para muchos mexicanos el robo del teléfono celular, cuando es la única forma que tienen de comunicarse sino que también impediremos el uso de estos equipos en la comisión de delitos”.

“Vamos a despojar a los criminales de una herramienta con la que podían cometer con más facilidad, sus execrables delitos, porque habrá un bloqueo más rápido y eficaz de los equipos robados”, enfatizó.

En la escalinata de la Capilla de la Emperatriz, en Palacio Nacional, explicó que en el momento en que la víctima denuncie o dé a conocer a su compañía telefónica el robo de su teléfono, inmediatamente dejará de funcionar.

Recordó que en abril pasado el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que envió al legislativo, que establece como obligación de los concesionarios la desactivación del servicio y el bloqueo de los equipos telefónicos que se reporten como perdidos o robados.

En este sentido recordó que más del 80 por ciento de los delitos que se cometen en el país son robos y en su gran mayoría, el robo de celulares a transeúntes. “Esto constituye una fuente de ingreso a los criminales. En algunos casos de manera directa; en otros, sucedánea al robo principal, pero constituye un mercado negro de enorme vulnerabilidad para los ciudadanos”.

Señaló que en muchas calles de las ciudades de México se venden celulares robados que incluso se habilitan con otra línea telefónica.

Con este acuerdo, se impedirá el uso de los equipos robados en la comisión de delitos que puedan involucrar injustamente al dueño legítimo del teléfono. “Esto nos va a permitir, por lo menos, reducir el margen de acción de estos criminales”.

El segundo paso se dio el pasado 19 de julio al firmar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un Convenio de Colaboración con los operadores del servicio de telefonía celular, para que se comprometieran a lo que hoy hacen, que es entregar las listas de teléfonos robados o perdidos.

“Y me da mucho gusto hoy, que los concesionarios en México cumplan con este importante compromiso. Con ello, el Gobierno federal estará en posibilidad de intercambiar estos registros con las autoridades de otros países a fin de inhibir el robo de celulares”, dijo el Presidente.

Además, puntualizó que “no basta impedir que los celulares robados se vendan en las calles de México. Hay que impedir que los teléfonos robados en México se vendan en otros países o bien que los robados en otros países, se vendan en México”.

Consideró que en la medida en que más países y más operadores utilicen esta plataforma de la Asociación GSM para intercambio de información, “nuestro esfuerzo para reducir el robo de celulares va a ser multiplicado”, dijo el presidente Calderón.

“Listas negras”

Aclaró el jefe del Ejecutivo que este mecanismo no implica que el usuario pierda el número telefónico si lo desea conservar ni tampoco que los operadores den a conocer los datos personales del usuario.

Precisó que el único dato que se va a incluir en las listas negras es el código internacional de identidad del equipo móvil, que se conoce como IMEI (por sus siglas en inglés).

Explicó que todos los celulares tienen en alguna parte del aparato un código en letras chiquitas, mismo que hay que anotar y tenerlo en la documentación personal, guardarlo y si se sufre un robo, esa es la clave a reportar, para evitar que el teléfono se utilice indebidamente. “Es el número único que tiene cada equipo móvil en todo el mundo”.

Finalmente, el jefe de la Nación dijo que con este acuerdo se fortalece la cooperación internacional entre gobiernos, entre empresas para cerrar espacios a la criminalidad. “Con esto, damos otro paso importante para la seguridad de los mexicanos”.

Estuvieron presentes los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, y Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.

Juzgados Civiles podrán juzgar a militares, determina la SCJN

Ciudad de México. Por una amplia mayoría, de ocho votos contra uno, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que los militares acusados por delitos contra la población civil, no deben ser juzgados por tribunales castrenses, sino por civiles.

Durante la sesión de este jueves, el Pleno del Alto Tribunal resolvió que el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos debe hacerse cargo del proceso contra el coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio del joven Jethro Ramsés Sánchez, perpetrado por soldados en Cuernavaca en mayo de 2011.

De acuerdo con el expediente 38/2012, de recurso de conflicto competencial, el coronel José Guadalupe Arias, excomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, en Morelos, fue consignado ante el Juzgado Quinto Militar por su presunta responsabilidad en la desaparición, homicidio e inhumación clandestina del civil.

Pero el juez militar declinó su competencia porque ese día, el 1 de mayo de 2011, el coronel no estaba en servicio, por lo que el caso fue remitido al fuero común, pero el juez de distrito tampoco se consideró competente y el asunto llegó a la Corte.

La corte deberá decidir quién debe resolver los juicios en los que militares cometen delitos contra civiles.

La interpretación de este razonamiento, es que las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles, pues desde que estos salieron a las calles se han incrementado las denuncias por violaciones a los derechos humanos de civiles.

Con esto se podrá fijar jurisprudencia, en que el artículo 13 de la Constitución, que establece el fuero de guerra, debe ser interpretado de manera restrictiva, de tal modo que los delitos cometidos por militares contra civiles nunca sean juzgados por los tribunales castrenses.

En este sentido el ministro Arturo Zaldívar expuso ante sus compañeros que “Nunca debe ser juzgado un militar por un tribunal militar cuando la víctima del delito sea un civil y se hayan violado sus derechos humanos en consecuencia de ese delito”.

Y agregó: “Eso no es solamente en atención a quien comete el delito, sino también porque esta jurisdicción ordinaria se da por protección a las víctimas, que tienen derecho a un tribunal imparcial no sólo por el tema de reparación del daño, sino por el derecho a hacer efectiva la verdad y la justicia”.

Con esta, decisión los ministros de la SCJN coincidieron con la sentencia que dictará la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del guerrerense Rosendo Radilla, en la que se estableció la misma interpretación de la Constitución.

Sin embargo, esto es el principio, pues el Alto Tribunal tiene por delante 29 casos más, mismos que le permitirán fijar jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país.

En la sesión, Juan N. Silva Meza, presidente de la SCJN recordó que por ello la Corte pidió a los tribunales de todo el País enviarle estos casos, precisamente para poder generar jurisprudencia en la que se reflejaran los criterios del caso Radilla.

Pese a ello, Luis María Aguilar, uno de los ministros de la mayoría consideró innecesario acudir a la sentencia de la CIDH para concluir que el fuero de guerra debe ser limitado.

Varios integrantes de la mayoría también señalaron que, bajo esta perspectiva, se debe concluir que el artículo 57, fracción 2, inciso A del Código de Justicia Militar, es inconstitucional, porque extiende de manera injustificada la jurisdicción castrense para abarcar todo delito cometido por soldados en activo.

Detenido El Checo, vinculado al cártel de Sinaloa

Ciudad de México. En un operativo de precisión, el Ejército detuvo a Sergio Armando Barrera Salcedo, “El Checo”, presunto operador en México de una “relevante” red internacional de tráfico de cocaína y precursores químicos vinculada con el cártel de Sinaloa.

Mediante labores de análisis y seguimiento de información, fuerzas especiales ubicaron al supuesto narcotraficante en la colonia Centro de Tapachula, Chiapas, donde fue aprehendido sin realizar un solo disparo cuando estaba listo para recibir un cargamento de media tonelada de cocaína.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que con la detención de este sujeto y seis cómplices, en posesión de 1.1 kilos de cocaína, medio kilo de cristal, siete armas largas y dos pistolas, “se afectan sensiblemente las actividades de las redes internacionales de trasiego de droga procedente de Sudamérica”.

En un comunicado informó que Barrera Salcedo -homónimo de un general en activo del Ejército mexicano- realizaba actividades de recepción de droga proveniente de Sudamérica y su transporte en territorio nacional.

De acuerdo con informes de inteligencia cuando inició su actividad delictiva se desempeñó como operador en Huatulco, Oaxaca, bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, y era el encargado de recibir mensualmente dos toneladas de cocaína que llegaban de Sudamérica vía marítima.

En 2008, tras la ruptura entre Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, este último asumió el control de la plaza a través de Martin Gerardo Hernández Esparza, El Kalimba, quien expulsó a El Checo.

“Bajo la anuencia del cártel del Pacífico (Sinaloa), Barrera Salcedo iniciió la recepción de droga en Chiapas, procedente de Centro y Sudamérica vía marítima, para su posterior traslado y distribución en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

“Actualmente trabajaba con el consentimiento de José Ángel Carrasco Coronel, El Changel, líder del cártel del Pacífico” en Jalisco y Colima, y de Nemesio Oceguera Cervantes, dirigente del cártel de de Jalisco Nueva Generación”.

La Sedena agregó que a fin de establecer relaciones con organizaciones narcotraficantes de Centro, Sudamérica y el Caribe, el sospechoso viajó a Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Belice, Cuba y República Dominicana, convirtiéndose en operador relevante en México de una red internacional de tráfico de cocaína y precursores químicos, siendo su enlace un colombiano de alias Elena o El Enano.

Al momento de su captura se encontraba en Tapachula coordinando la recepción de media tonelada de cocaína procedente de Sudamérica, misma que arribaría vía marítima, para tener como destino final la ciudad de Guadalajara, donde sería almacenada para su posterior venta y distribución.

“Operación que se realizaría en coordinación con un sujeto con alias El Dorado en Centroamérica y con Luis alias Cardenal, radicado en Guadalajara, contando con la anuencia de Manuel Torres Félix, El M-1, lugarteniente del cártel del Pacífico que controla la ruta Tapachula-Guadalajara.

También fueron detenidos Juan Ulises Galván Carmona, Ignacio May Navarrete, Salustino Cruz Santos, Ramiro Mojica Alarcón, Eduardo Jiménez Huitrón y Ramiro Galarza Mendoza.

Extraditan a La Reina del Pacífico...tras cinco años de litigio

México. Luego de casi cinco años de litigio, el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, quien es requerida por una corte de distrito del sur de Florida por poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína en ese país.

La mujer, a quien se detuvo el 28 de septiembre de 2007, fue señalada por la PGR y por las autoridades de EU de ser una de las principales operadoras del cártel de Sinaloa y una persona muy cercana al capo Ismael El Mayo Zambada.

Ávila Beltrán permaneció internada desde 2010 en el área femenil del penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, después de casi tres años de estar presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

El 7 de junio de este año, un tribunal federal determinó que era procedente la extradición para que fuera juzgada por uno de los dos cargos por los que fue reclamada.

El cargo que enfrentará es por una presunta entrega de 100 kilogramos de cocaína en la ciudad de Chicago, Illinois, entre junio y septiembre de 2001.

Por ello, el pasado 12 de junio la SRE la otorgó en extradición. Hace unos días, la mujer intentó detener su entrega, a través de un juicio de garantías, pero el juzgado 13 de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó la petición.

Uno de los cargos por los que también fue solicitada por EU, pero no se concedió, es el relacionado con el aseguramiento que en diciembre de 2001 se hizo del buque Macel en costas de Colima, con más de nueve toneladas de cocaína, pues por este cargo se le juzgó en México.

En febrero de 2011 fue condenada por un juez federal de Jalisco a un año de prisión, por ser responsable del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, en agosto de 2011 el magistrado Jesús Guadalupe Luna absolvió a Sandra de los delitos.

La entrega se realizó ayer en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, donde personal de Interpol-México y de la Policía Federal Ministerial la entregaron a oficiales del US Marshals.

Detienen en España a primo del Chapo

Madrid. Agentes de la Policía Nacional española, en una labor conjunta con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, abortaron el intento de Joaquín “El Chapo” Guzmán de establecerse en Europa, informó hoy el cuerpo de seguridad español.

En un comunicado, indicó que fueron detenidos en el centro de Madrid cuatro miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos un primo del que denominó “el mayor narcotraficante del mundo”, que había elegido España como plataforma de lanzamiento de sus operativos en el Viejo Continente.

Resaltó que España iba a ser utilizada como puerta de entrada de importantes cargamentos de estupefacientes.

Refirió que a finales de julio pasado se interceptó en el Puerto de Algeciras un contenedor que transportaba 373 kilogramos de cocaína que la organización se disponía a distribuir en diferentes puntos de Europa.

Tras ello, Jesús Gutiérrez Guzmán (primo hermano del “Chapo”), Rafael Humberto Celaya Valenzuela, Samuel Zazueta Valenzuela y Jesús Gonzalo Palazuelos Soto fueron arrestados en las inmediaciones de sus hoteles en la capital.

La operación “Dark Waters” se inició en mayo de 2009 por parte de la oficina del FBI en Boston en torno a las actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” Guzmán.

El cártel de Sinaloa está considerado como la mayor organización criminal a nivel mundial, y genera millonarios ingresos económicos, principalmente producto del tráfico de estupefacientes.

El comunicado anotó que el éxito de la operación fue posible gracias a la utilización por parte de los agentes de las más modernas técnicas de investigación, que en todo momento han estado supervisadas por jueces y fiscales.

Explicó que en octubre de 2010, los agentes del FBI y de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional mantuvieron las primeras reuniones operativas al tener conocimiento de que la organización tenía intención de establecerse en España para expandir su actividad criminal en Europa.

Entonces se acordaron las líneas estratégicas operativas en las que se iba a basar la investigación.

Estas medidas se plasmaron en una Comisión Rogatoria, entregada en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco.

Dio a conocer que el grueso de las pesquisas se desarrolló fundamentalmente en Estados Unidos.

Los agentes del FBI averiguaron que los miembros del cártel habían planificado ir a España, viaje que realizaron en marzo de 2011 y los policías españoles les detectaron en esas fechas en Madrid y les vigilaron estrechamente hasta lograr su plena identificación.

Gracias al intercambio de informaciones con el FBI se supo que los investigados tenían la intención de iniciar importantes envíos de cocaína por vía marítima, oculta en contenedores con carga legal declarada.

Adoptaban grandes medidas de seguridad para asegurar el éxito de las operaciones, y enviaron varios contenedores sin ningún tipo de estupefaciente.

Finalmente remitieron su primer cargamento en un barco procedente de Brasil. El contenedor, que fue interceptado a finales de julio en el Puerto de Algeciras, ocultaba 373 kilogramos de cocaína.

En los registros realizados en las habitaciones donde se alojaban se decomisaron teléfonos celulares, 5,500 dólares, cerca de 3,000 euros, 4,000 pesos mexicanos y documentación pendiente de análisis.

Los detenidos, de edades comprendidas entre los 37 y los 52 años y con nacionalidad mexicana, eran buscados por las autoridades judiciales estadunidenses por tráfico de estupefacientes y lavado de capitales, entre otros delitos. La Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión.

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Narco detenido presumía fotos acompañado de Peña Nieto

Rafael Humberto Celaya Valenzuela, uno de los presuntos narcotraficantes detenidos en Madrid en un operativo de la Policía de España y el FBI contra del Cártel de Sinaloa, presume en su perfil de Facebook fotos con Enrique Peña Nieto, virtual ganador de las elecciones presidenciales.

En la red social, el detenido con el primo hermano del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Jesús Gutiérrez Guzmán, y otras dos personas, muestra fotos con Peña Nieto en actos de campaña en el Distrito Federal y Sonora, así como también con el recién elegido líder del tricolor en el Senado en la próxima legislatura, Emilio Gamboa.

Según reportes periodísticos de Sonora, Celaya Valenzuela fue precandidato del PRI por el Distrito 01 de San Luis Río Colorado, pero no obtuvo la candidatura.

La Policía española reportó hoy que la célula del Cártel de Sinaloa buscaba establecer en Europa una base de operaciones dedicada al tráfico de drogas, sin embargo, autoridades locales detuvieron a Celaya Valenzuela, Gutiérrez Guzmán, Samuel Zazueta Valenzuela y Jesús Gonzalo Palazuelos Soto.

En los registros realizados en las habitaciones donde se alojaban los narcotraficantes mexicanos, fueron asegurados varios teléfonos celulares, así como cinco mil 500 dólares, cerca de tres mil euros, cuatro mil pesos mexicanos y diversa documentación que está siendo analizada por los peritos policiales.

Según el reporte de la Policía de España, Celaya Valenzuela llegó a la península con el primo del “Chapo”, y buscaba representar de alguna forma los asuntos legales de la organización.

La operación fue llevada a cabo por la Sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado, en colaboración con la División del FBI de Boston.

Miguel Angel May Garcia detenido por golpear a una mujer

El Ministerio Público del Fuero Común, inició el expediente 609/8-2012, por el delito de Daños y Lesiones, en contra de Miguel Ángel May García (detenido) y en agravio de Adi Johanna Mendoza García.

El presunto responsable es señalado como quien, en evidente estado de ebriedad, agredió físicamente a Adi Johanna Mendoza, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva lo detuvieron y consignaron a la Procuraduría General de Justicia.

Será en el término constitucional cuando se defina su situación jurídica.

Detenido Antonio Izquierdo Marin por no pagar pensión alimenticia

Elementos de la Policía Judicial del Estado, destacamentados en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Antonio Izquierdo Marín, por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones Familiares, con base en la causa penal 190/2011, que se sigue en el estado de Tabasco.

El aprehendido fue concentrado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chetumal, lugar en donde se realizaron los trámites correspondientes y posteriormente fue entregado a agentes de la Policía Ministerial de Tabasco, quienes lo trasladaron a esa entidad para ponerlo a disposición del Juez que lo requiere.

Intenta suicidarse en el hotel Brasilia

Aproximadamente a las 02:40 horas, elementos del Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Judicial del Estado, acudieron al Hospital General, derivado del reporte del ingreso de una persona lesionada.

Al llegar, se entrevistaron con Eduardo Cortez Castro, de 47 años de edad, quien dijo ser originario del estado de Veracruz, mismo que informó que se encontraba en el interior de una habitación del hotel “Brasilia”, ubicada en la avenida Héroes con Efraín Aguilar, lugar en donde tomó la decisión de quitarse la vida, por lo que ingirió 79 pastillas de los medicamentos denominados Ricotrol y Panazeclox, además de cortarse la muñeca izquierda. Explicó que sufre de depresión por problemas familiares.

Militares detenidos por colaborar con los Beltrán Leyva

Tomás Angeles Dauahare

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general Tomás Ángeles Dauahare por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada a partir de “pruebas que demuestran” que colaboraba para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito de procesos penales federales de Toluca, Estado de México, también sujetó a proceso penal por el mismo delito a los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, al igual que al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.

A Pérez Ramírez se le inició también un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, pero en otra modalidad: colaborar de cualquier manera para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.

Ninguno de los procesados alcanza la libertad bajo caución por tratarse de delitos graves.

La semana pasada la PGR consignó el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 contra los militares con el argumento de que protegían y colaboraban con la citada organización criminal.

El juez ordenó su aprehensión y el 1 de agosto agentes de la Policía Ministerial de la PGR dieron cumplimiento al mandato de captura dictado contra Ángeles Dauahare, Dawe González, Silvio Isidro y Escorcia Vargas.

Mientras que elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la Sedena, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Rubén Pérez Ramírez. En tanto, con el oficio número PFM/DGIP/PD/8256/2012, suscrito por policías federales, se cumplimentó la detención de Iván Reyna Muñoz.

Según los elementos de prueba que presentó la PGR y que usó el juez para dictar el auto de formal prisión, hay pruebas de que Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Silvio Isidro, Ricardo Escorcia e Iván Reyna Muñoz servían a la mencionada agrupación delictiva.

“Como servidores públicos favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como los Beltrán Leyva, con la que se les relaciona, pues al menos durante 2007 proporcionaron a dicha organización información que conocían por sus funciones y que resultaba útil para dicho grupo delincuencial.”

También “apoyaron de distintas maneras en aquella temporalidad (año) para que dicha organización pudiera hacer descender en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, aviones procedentes de Colombia y Venezuela con clorhidrato de cocaína para abastecer combustible y continuar su destino hacia el centro del país, convirtiendo el vuelo a nacional y evitando con ello mayores revisiones”, se lee en la resolución del juzgador.

Por su parte, se añade, Pérez Ramírez probablemente intervino en una reunión en Cancún con dos miembros del grupo delincuencial, a quienes presentó con los militares encargados de los turnos del aeropuerto de esa ciudad para acordar el apoyo a sus actividades ilícitas, con lo cual de manera probable facilitó la ejecución de delitos contra la salud.

Los acusados tienen derecho a apelar del fallo para que un tribunal unitario en materia penal determine si fue correcta la decisión del juzgador. También pueden emprender su defensa a través del juicio de amparo.

Desde su captura ocurrida en mayo pasado, el general Ángeles Dauahare ha sostenido que la PGR lo acusa con testimonios “de oídas”. La dependencia basa su acusación con declaraciones de testigos colaboradores.

Fuente/MIlenio.

Expulsados 60 narcopolicías

Para diciembre concluirán evaluación de los mil 500 elementos policiacos, comentó Carlos Bibiano Villa, secretario de Seguridad Pública y añadió que el C3 ya está certificado con una calificación de 9 en una escala de evaluación del uno al diez.

El general retirado explicó que actualmente han dado de baja a 60 policías por comprarse su vínculo con la delincuencia organizada, diez están siendo investigados y recalcó que con la evaluación que tiene el C3 (Centro de Control y Confianza) tiene la capacidad para someter a las pruebas de confianza a los integrantes del cuerpo policiaco.

Con relación al próximo informe del gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, el próximo siete de septiembre, dijo que se realizará patrullando las calles y avenidas aledañas al Centro de Convenciones.

Detenidos por delito de Robo...derrapan al estar huyendo

Fueron puestos a disposición del Juzgado Penal, Armin Contreras Dzul y/o Amin Contreras Dzul y Jeziel Aarón Carrillo Camejo, como presuntos responsables del delito de Robo, en agravio de Leydi López Kraul.

Con base en el expediente 608/8-2012, integrado y consignado al Juez Penal, los inculpados rociaron gas pimienta en el rostro de la agraviada, para posteriormente apoderarse de una computadora laptop. Fueron detenidos cuando en su intento de huida a bordo de una motocicleta, derraparon. Tras las 48 horas de ley a disposición del MPFC, fueron trasladados al Cereso de Chetumal.

Al CE.RE.SO. por el delito de Allanamiento de Morada

Es trasladado al Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO) de Chetumal Pedro Cáceres Bayón, quien de acuerdo con la averiguación previa integrada (606/08-2012) es presunto responsable del delito de Allanamiento de Morada, en agravio de Aracely Cáceres Bayón.

Héctor Chablé Damián apedrea a su ex pareja sentimental

El Agente del Ministerio Público del Fuero Común determinó ejercitar acción penal en contra de Héctor Chablé Damián, toda vez que en el expediente integrado en tiempo y forma en la Procuraduría General de Justicia, se estableció que contaba con los elementos suficientes para ser consignado al Juez Penal, por el delito de Lesiones en agravio de Marina Calam Hoil.

Como se dio a conocer, el inculpado fue detenido por policías estatales luego de ser señalado por la agraviada, quien es su expareja sentimental, de haberle causado lesiones en la cabeza, con una piedra.

Intentan robar en Baroudi y roban en dos viviendas

Elementos de la Policía Judicial atendieron tres robos en diferentes lugares de la ciudad, dos registrados en casa habitación y uno de ellos en establecimiento comercial.

Cerca de las 13:50 horas, los Policías Judiciales acudieron a la avenida Venustiano Carranza, entre Emiliano Zapata y Flores Magón, lugar en donde se reportó un robo.

Al llegar, se entrevistaron con Martin Aranda Molina, de 45 años de edad, quien informó que acudió al inmueble, propiedad de su patrón Roberto Salazar López, mismo que se encuentra de viaje y notó que una de las ventanas se encontraba rota con la herrería forzada.

Explicó que ignora que es lo que sustrajeron, debido a que no cuenta con llaves del domicilio para ingresar, por lo que dijo que será hasta que llegue el propietario cuando éste acuda ante el MPFC para interponer su formal denuncia.

Posteriormente, alrededor de las 17:40 horas, los elementos de la PJ, acudieron a la calle Panamá entre Guyana y Colombia del fraccionamiento Las Américas, lugar en donde Karina Trejo Herrera, de 34 años, informó que del interior de su domicilio le sustrajeron entre otras cosas, una televisión de pantalla plana y una computadora portátil. En este caso, derivado de la denuncia interpuesta, se inició el expediente 3168/8-2012, por el delito de Robo, en contra de quien resulte responsable.

Por último, los Agentes del Grupo de Investigación de Robos, se apersonaron en la avenida Maxuxac, esquina con 8 de Octubre, en el establecimiento comercial denominado “Baroudi”, lugar en donde se entrevistaron con Fátima Pool Tamayo, quien dijo que fue informada por las empleadas, que una de las ventanas del local estaba dañada.

Dijo que al parecer el o los ladrones no se llevaron nada, aunque explicó que harán una inspección más detallada para poder confirmar lo anterior. Se le exhortó acudir a interponer su formal denuncia en el MPFC.

Cuerpo de turista norteamericano aún permanece en SEMEFO

La Dirección de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia, dio a conocer que el cuerpo de John Ronald Carlisle, quien falleciera el miércoles por la noche, producto de un accidente de tránsito, ocurrido en el kilómetro 19+000 de la carretera Mahahual-Xkalak, aún permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense, sin ser reclamado.

La PGJ, ya realiza los trámites con autoridades del consulado de los Estados Unidos, para el posible traslado del cuerpo, a ese país.

John Ronald Carlisle, perdió la vida, luego de que la camioneta Yukon, GMC, placas FBF-815 de Texas, en la que viajaba por el tramo antes mencionado, con destino a Xcalak, se impactó con una pala mecánica de una maquinaria pesada de la marca Caterpillar la cual era transportada por un tractocamión, marca Peterbil.

La Policía Judicial, investiga, con base en la averiguación previa MAH/104/09-2012, por los delitos de homicidio y daños culposos, para dar con el conductor de la unidad pesada.

Tres detenidos por robo de automóvil

El MPFC integra el expediente 584/7-2012, por el delito de Robo y Daños, en contra de José Ricardo Vázquez Trujillo, José Mariano Kiau y Luis Alfonso Lechuga Moo y en agravio de José Jorge Rodrigo Chi y Genaro Arcos Guevara.

La detención y consignación ante la PGJ, fue efectuada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes en su comparecencia señalaron que los inculpados son señalados de haber sustraído de un domicilio de la colonia Jardines, un automóvil Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con placas de circulación UUL-6994 del estado de Quintana Roo, misma unidad con la que al momento de darse a la fuga se impactaron en una vivienda de la calle Venado, entre Paloma y Javier Rojo Gómez, de la colonia Nuevo Progreso.

Será en el transcurso de las próximas horas cuando se defina la situación jurídica de los detenidos.

Robo con violencia en Babú Té

Elementos de la Policía Judicial, atendieron el reporte de un robo en un establecimiento comercial, ubicado en la calle Bugambilias con Manuel Acuña.

Al llegar al local denominado “Babú Te Bar” se entrevistaron con Perla Tec Sierra, de 19 años de edad, encargada del negocio, quien informó que aproximadamente a las 09:15 horas, ingresó al sitio un individuo con el rostro cubierto con una venda, mismo que llevaba en las manos un mazo y una piedra.

Explicó que el sujeto arrojó la piedra a la cabeza de su compañera, Lizzet Estefanía Novelo Sansores, de 20 años de edad, en tanto a ella la amenazó con hacerle daño en caso de que no le entregue el dinero de la caja registradora, por lo que por temor, ella le dio la cantidad aproximada de mil pesos en efectivo.

Los agentes judiciales, también acudieron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lugar en donde fue ingresada la empleada que resultó lesionada; personal médico reportó que la paciente presentó hundimiento parietal derecho y que su estado de salud es estable.

Derivado de la denuncia de las agraviadas, el MPFC inició el expediente 3027/7-2012, por el delito de Robo y/o lo que resulte.

Sedena bajo escrutinio por ocho contratos de 5 mil 600 millones de pesos

Zósimo Camacho

El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra bajo el escrutinio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. El motivo: ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados por la dependencia garante de la salvaguarda de la nación con una empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza los 5 mil 628 millones de pesos. Se espera que los restantes 10 contratos, de un total de 18 celebrados para adquirir equipos y servicios de inteligencia entre 2010 y 2012, sean auditados en los próximos días.

Las pesquisas son encabezadas en las oficinas castrenses por los titulares de las dependencias fiscalizadoras, quienes han tenido que despachar en estas semanas desde la Sedena: Rafael Morgan Ríos, de la SFP; Juan Manuel Portal Martínez, de la ASF, y el general de división Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio González Barreda, de la Inspección y Contraloría militar.

Los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones directas –a través de la Dirección General de Administración, a cargo del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa– son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.

Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por medio, “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo– se celebraron con la empresa Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas compañías son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.

El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos –proporcionadas a Contralínea por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión– el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.

De los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.

El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena. Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

En entrevista con Contralínea, el general de división Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social de la dependencia, dice que el equipo adquirido se utilizará contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”. Las otras son, de acuerdo con el artículo 1 de la legislación citada por el general: “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones públicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.

Señala que el “monitoreo” que realizan “es apegado a derecho, con la autorización de un juez, el cual determina, con base en las pruebas que se le presenten, si se autoriza o no una intervención en las comunicaciones; además, por cuánto tiempo y qué tipo de comunicación. Eso está dentro de lo que la ley nos permite”.

Con respecto del procedimiento con que se firmaron los contratos agrega: “todo está conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha sido apegado al procedimiento”.

Sin irregularidades… Hasta el momento

La revisión exhaustiva y expedita, iniciada hace algunas semanas, revistió tal importancia para el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, que solicitó a dos de sus tres subsecretarios lo acompañaran a encabezar las comprobaciones: María Guadalupe Yan Rubio, subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, y Max Kaiser Aranda, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, como informó la columna Oficio de papel el pasado 1 de julio.

La SFP confirmó a la misma columna la realización de las indagatorias. La dependencia aseguró que los funcionarios de la SFP no observaron irregularidades y, por lo tanto, recomendaron archivar los expedientes.

Fuentes del Órgano Interno de Control de la Sedena señalan a Contralínea que tampoco han encontrado irregularidades.

Quienes no concluyen aún las revisiones son los auditores encabezados por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez. El caso también fue calificado como de primer orden en el máximo órgano de fiscalización del país, por lo que al frente de estas auditorías se encuentra el propio titular de la dependencia. El funcionario, incluso, se ha trasladado a la Sedena para llevar a cabo el escrutinio.

Ahora las tres entidades se aprestan a revisar la totalidad de los 18 contratos firmados por la Sedena en materia de seguridad nacional e inteligencia entre 2010 y 2012.

Mandos superiores: “traiciones”

La columna Oficio de papel dio a conocer el 1 de julio pasado (Contralínea 291) la existencia de una serie de auditorías realizadas a 12 contratos de la Sedena que involucraban más de 600 millones de dólares (alrededor de 8 mil 500 millones de pesos). Informó que la mayoría de esos contratos correspondían al área de inteligencia.

Extractos de cinco de esos contratos fueron publicados por el diario El Universal y por MVS Noticias el 16 de julio pasado. La difusión de los documentos provocó que el alto mando de la Sedena, general de división Diplomado de Estado Mayor Guillermo Galván Galván ordenara una investigación contra quienes resultaran responsables. Y es que en la propia Secretaría de la Defensa no quedó duda de que la filtración proviniera desde los muros verde olivo.

En la disputa por la sucesión en la Sedena no importó a los grupos en pugna revelar las capacidades reales de espionaje del Ejército Mexicano y echar por tierra uno de los proyectos más ambiciosos para su Sección Segunda en los últimos lustros.

Y es que, como lo ha documentado Contralínea (edición 288), dos grupos de generales de división buscan colocar a uno de los suyos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en el próximo gobierno federal. Uno de las facciones estaría encabezada por el actual subsecretario, el general de división Diplomado de Estado Mayor, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El otro, por el actual director general de Administración de la Sedena, el también general de división Diplomado de Estado Mayor, Augusto Moisés García Ochoa, quien firma los contratos divulgados por los medios de información en su calidad de representante del secretario ante proveedores de bienes y servicios.

La Sedena considera como delito grave y “traición a la patria” la revelación de información clasificada como de seguridad nacional. De acuerdo con fuentes de la Secretaría, el alto mando ordenó a la Policía Militar iniciar las pesquisas contra quienes “con la filtración han informado ocultamente al narcotráfico” las capacidades tecnológicas para la recolección de información y el procesamiento y almacenamiento de la misma.

Agregan que en caso de encontrar a los responsables de la filtración se les podría acusar de “traición a la patria, por el daño patrimonial causado a las instituciones y por poner en riesgo la vida de quienes integran el servicio de inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea”.

Hasta antes de la divulgación de los contratos, la mayoría de las disputas se ahogaban en los muros de la Sedena. Las propias auditorías realizadas a los ocho contratos iniciaron como parte de los jaloneos por el poder, los cuales han sido más intensos en los últimos meses. En ese contexto, denuncias por supuesta corrupción en el otorgamiento de contratos que firmaba el general García Ochoa fueron reportadas anónimamente a la Secretaría de la Función Pública mediante, al menos, dos comunicaciones de “Registro de casos de corrupción”. Estos reportes justificaron las auditorías de la Secretaría de la Función Pública. En ellos se notifican los supuestos delitos –o “conductas reprochables”, como señalan los documentos de los cuales Contralínea posee copia– de “abuso de funciones de autoridad”; “fraude: malversación de caudales” y “peculado”.

Ambos expedientes fueron abiertos en marzo de 2012 y reportan las supuestas “conductas ilegales” durante 2010 y 2011. El primero señala: “en marzo de 2012 se presentaron diversas quejas ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por otorgamiento de contratos a la empresa AV y D Solutions, SA de CV. Se involucra en la denuncia a altos mandos de la Secretaría de la Defensa, adscrito a la Dirección General de Administración de estar coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa.” (sic)

En el documento se señala “como operador principal de esta red de servidores públicos bajo investigación” al capitán piloto aviador Héctor Guerrero Lara y también al general José Luis Castañeda Jiménez. El carácter de la denuncia es “anónimo”.

En el segundo documento se acusa a Héctor Guerrero y a José Luis Castañeda, pero también al director de Administración, García Ochoa, y al teniente coronel Héctor Hernández:

“En marzo de 2012 se presentaron diversas quejas ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por otorgamiento de contratos a la empresa AV y D Solutions, SA de CV, y a la empresa Security Tracking Devices, SA de CV. Se involucra en la denuncia a altos mandos de la Secretaría de la Defensa adscritos a la Dirección General de Administración que estaban coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa. Como operador de esta red principal de servidores públicos bajo investigación cuyo lucro rebasa los 600 millones de pesos mexicanos, según estimaciones de la SFP, en base al valor de los contratos, ha sido principalmente señalado el capitán piloto aviador Hector Guerrero Lara, el general José Luis Castañeda Jiménez, subdirector de Adquisiciones, y el general de división DEM Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración, y el teniente coronel de la Fuerza Aérea Héctor Hernández.” (sic)

Fase 1: Instalaciones adecuadas

La adquisición de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue pactada con Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, bajo el contrato 455000033 con folio SAITE-1203/2010. Como en todos los contratos auditados, los productos y servicios fueron adquiridos, administrativamente, por la Subdirección de Adquisiciones de Informática, Transmisiones y Electrónica, dependiente de la Dirección General de Adquisiciones.

El monto total fue de 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control acorde con los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases.

También en esta primera fase se contemplan cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores.

La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869, con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.

Fase 2: Integración de la Plataforma Pegasus

La compra de los bienes y servicios que integran la Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda se realizó por medio del contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices.

La Sedena siguió remodelando lugares de trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 Symbian y 100 Android.

Los pagos, que ascendieron a 1 mil millones de pesos, se realizaron también por medio de transferencia bancaria a la cuenta antes citada.

Fase 3: Pegasus, el espionaje total

La adquisición de la Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional está amparada por el contrato 4550000006, con folio SAITE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha de todo un sistema de espionaje del que incluso se explicitan la funciones en el documento que la Sedena firmó con Security Trackin Devices, y del cual posee copia este semanario. Entre los “componentes” del Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos se encuentra la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone” para (espiar a) 400 usuarios.

Con este tipo de software, los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.

Todo podrá ser realizado sin que sea detectado por los usuarios espiados, aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías: una de las características de los productos es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.

El espionaje no se reduce sólo a los aparatos de cómputo, de telefonía y radial. La Sección Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, con un costo de 90 millones 417 mil 600 pesos. El monto total del contrato, que incluye también más adecuaciones a los edificios de la Secretaría, ascendió a 1 mil millones de pesos.

Más contratos para inteligencia militar

Además de los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sedena celebró otros para la Sección Segunda que complementaban proyectos como Plataforma Pegasus.

Todos se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices. Se trata de cinco convenios para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; otro sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético, y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. A cada adquisición correspondieron los contratos 4500006718 (por 300 millones de pesos); 4500006876 (por 249 millones 999 mil 999); 4500006908 (por 200 millones); 4500000147 (por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1 mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectivamente.

Todos los contratos firmados por la Secretaría de la Defensa con las empresas contienen una cláusula de confidencialidad, que obliga a las partes a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dicen: “Guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal, como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso…”.

contralinea.com.mx

Detenido por robar una bicicleta

Felipe Carrillo Puerto

Quintana Roo

Francisco Miguel Ángel Mendoza Rueda de 36 años de edad, originario del estado de Veracruz y con domicilio en esta ciudad en la 69 por 50 de la colonia Cecilio Chí, estado civil divorciado, estudios pasante de ingeniero, ocupación chofer, nacionalidad mexicana, por hechos probables constitutivos de delito de robo, portación de arma prohibida y/o lo que resulte, en agravio de Berenice Pat Velázquez de 24 años de edad, con domicilio en la calle 44 por 67 de la colonia Lázaro Cárdenas.

Aproximadamente 18:30 hrs. cuando la policía se encontraba en un recorrido de vigilancia sobre la calle 51 por la Av. Benito Juárez de la colonia Juan Bautista Vega, un taxista les hizo señas para que detuvieran la marcha, informando que en el bar Delfines ubicado en la calle 69 por 50 de la colonia Cecilio Chí reportaban a una persona que se introdujo a un predio y que había robado una bicicleta.

El predio está ubicado frente a la tienda denominada Elektra ubicada en la Av. Benito Juárez entre 73 y Lázaro Cárdenas, por lo que los policías se trasladaron al lugar indicado, donde se entrevistaron con Berenice Pat Velázquez de 24 años de edad informándonos que al salir de la tienda antes mencionada unas personas le dijeron que minutos antes una persona de sexo masculino había tomado su bicicleta.

Los testigos describieron al individuo diciendo que vestía una camisa color café con rayas. La mujer afectada por el robo decidió tomar un taxi y localizarlo, así fue que en las afueras del bar Delfines ubicado en la calle 69 por 50 de la colonia Cecilio Chí encontró a la persona en su interior.

Los elementos policíacos se trasladaron al lugar citado y solicitaron a Mario didier Aguilar Ramírea, hijo del dueño del bar, el permiso para proceder detener al presunto ladrón.

El señalado se puso impertinente y amenazaba con un cuchillo en la mano a la vez que vociferaba que la bicicleta se la habían vendido.

Una vez sometido trasladaron al individuo junto con la bicicleta a los separos de la Dirección General de Seguridad Pública para su certificación médica y posterior puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Karina Ruiz González detenida por asesinar a su ex amante

La ex candidata suplente al Senado por el PRD Karina Ruiz González fue detenida con su hermano y dos ex policías, como presuntos responsables del homicidio del empresario Raúl Enrique de Jesús Encalada Burgos.

Según las pesquisas, los asesinos confesos delataron a la también conductora de radio y televisión, de 25 años de edad, originaria de Tamaulipas, de haber planeado el homicidio y robo de un dinero que recibiría su ex amante por la venta de su empresa de cortinas metálicas.

Antes de ser presentados a los medios informativos, el procurador general de Justicia, Gaspar Armando García Torres, informó que el móvil del crimen fue el robo.

En realidad, dijo el procurador, la mujer fue la autora intelectual del robo y muerte de su ex amante, pues pretendía quedarse con el dinero de la venta y recuperar fotos y archivos de computadora que revelaban su relación sentimental con el occiso, ya que está casada con un funcionario gubernamental.

En rueda de prensa, García Torres precisó que los dos ex policías municipales Lenis Jazmín Jiménez Pablo, de 32 años, de Cárdenas, Tabasco, y su coterráneo Gabriel López de la Cruz, apodado “El Gabo”, de 27 años y empleado de la empresa donde trabajaba la autora intelectual y su hermano, Luis Gilberto González, de 24 años, fueron detenidos anoche.

El operativo judicial fue instrumentado en distintos puntos de la ciudad, aunque no fue posible detener al también ex policía, Pastor Benítez Carrillo, y a su pareja, Martha Patricia Cruz Moreno, quien a su vez sostenía una relación sentimental con Lenis Jazmín.

De acuerdo con el funcionario, al saber la fecha que Encalada Burgos recibiría el dinero, la ex candidata suplente acordó con su hermano atracarlo en su domicilio, por lo que él contactó al resto de sus cómplices, quienes se introdujeron a la casa mientras Karina lo entretenía.

Al escuchar los ruidos, el empresario encaró a los delincuentes, quienes lo amarraron de pies y manos y le encintaron el rostro, lo que provocó su muerte por asfixia.

El procurador detalló que los delincuentes escaparon del lugar al percatarse de la presencia de una patrulla y se reunieron en el estacionamiento del City Club de Plaza Oulet, en donde se repartieron cámaras, tarjetas de crédito, computadoras.

Sin embargo, al no lograr el botín que esperaban y ante el temor de que Encalada Burgos los denunciara porque los había visto, Karina Ruiz les pidió que regresaran para matarlo.

De nuevo en la casa ya lo encontraron asfixiado y entonces robaron lo mencionado y dejaron un supuesto “narcomensaje” para confundir a las autoridades sobre el móvil del crimen.

García Torres indicó que ubicaron a los responsables luego de que usaron las tarjetas de crédito del occiso para comprar ropa y retirar dinero en los cajeros, pues la conductora tenía el nip de una mica y sacó sólo 2 mil pesos que repartió con los asesinos.

Los primeros ex policías detenidos identificaron a la conductora de haber planeado el robo y el asesinato, aunque la mujer se reservó el derecho de declarar argumentando que es diabética.

Ruiz González fue candidata externa suplente de la notaria de Puerto Morelos, Alma Luna Oliva, en el reciente proceso interno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero no logró la posición.