La Procuraduría General de la República (PGR) investiga si los secuestros en los que presuntamente participaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca tenían como propósito financiar campañas políticas de candidatos de la izquierda en esa entidad.
Autoridades ministeriales informaron que lo anterior se desprende de los comentarios que realizaron algunas de las 12 personas que fueron detenidas por agentes de la Policía Federal en Oaxaca y la Ciudad de México.
Los sospechosos, quienes son investigados por el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguraron que el cobro del rescate iban a usarlo para financiar la campaña de Sara Altamirano Ramos, candidata del PRD, PAN y PT a la alcaldía del municipio de Jalapa del Marqués.
La mujer se encuentra detenida en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de ser arrestada con los demás presuntos secuestradores.
La otra persona que supuestamente resultaría beneficiada por este delito, agregaron, es una candidata a una diputación local, pero las autoridades ministeriales no revelaron de quién se trata.
Por esa razón, el agente del Ministerio Público federal adscrito a SEIDO continuaba declarando a los detenidos para allegarse pruebas que demuestren si en verdad los maestros iban a financiar las campañas de candidatos de partidos de izquierda.
Los maestros de la sección 22 de la CNTE detenidos son Mario Olivera Osorio; Lauro Atilano Grijalbo Villalobos y Sara Altamirano Ramos, candidata a una alcaldía, además del activista Damián Gallardo Martínez.
El resto de los detenidos son Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas Araujo, Alejandra Chávez Chávez, Alejandro Sandoval Martínez, Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martínez y Enrique Guerrero Aviña.
Las autoridades ministeriales afirmaron que los presuntos secuestradores fueron detenidos en flagrancia y mencionaron que el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la SEIDO solicitará a un juez federal una orden de aprehensión.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía Federal, estas 12 personas participaron en el secuestro de los sobrinos de Gutiérrez Candiani, delito cometido el 14 de enero del presente año en el ejido Guadalupe Victoria, en Oaxaca.
En Oaxaca, la Comisión Política de la sección 22 de la CNTE exigió la incorporación del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a las mesas de negociación integradas en la Secretaría de Gobernación para discutir las modificaciones de la reforma educativa federal.
El secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricárdez, afirmó que los tres profesores y el activista detenidos por las fuerzas federales son inocentes, y reiteraron que hay un gran interés político por “desprestigiar y criminalizar” la lucha social de los opositores a las reformas estructurales.
Precisó que los implicados no fueron detenidos en flagrancia. “Estaban en reuniones de trabajo cuando fueron apresados por las fuerzas federales”, señaló.
Negó que vayan a suspender clases, pero si se decide alguna movilización o protesta se desarrollará a contraturno, es decir, fuera de hora laboral.
La disidencia del magisterio que mantiene un plantón en el Zócalo del DF acusó al gobierno federal de “criminalizar” y “fabricar” delitos a los opositores a la reforma educativa.
Saúl Ramírez, vocero y coordinador estatal de la disidencia oaxaqueña, advirtió que la detención de Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalbo Villalobos y Sara Altamirano Ramos, además del activista Damián Gallardo Martínez, se da en el marco del proceso electoral y la reorganización de las agrupaciones sociales en la entidad.
“Regularmente el gobierno federal y el estatal criminalizan la protesta social para dar una mala imagen de los maestros. El asunto está siendo revisado por el equipo jurídico y están viendo todo esto para valorar y conocer por qué se les está señalando”, sostuvo en entrevista.
EL PRD LOCAL PIDE CASTIGO PARA LA IMPLICADA
La dirigencia estatal del PRD en Oaxaca se deslindó de Sara Altamirano Ramos, precandidata en Jalapa del Marqués.
El secretario general, Raymundo Carmona Laredo, afirmó que, además de marca su raya, su partido exige que se aplique todo el peso de la ley.
“La precandidata está involucrada en la comisión de delitos de alto impacto y debe ser sancionada con todo el peso de la ley”.
Carmona advirtió que no solaparán a delincuentes ni privilegiarán la impunidad, muchos menos si se trata de personas que estuvieron involucradas en el secuestro de dos infantes.
“Ella actuó a título personal y debe responder por esos hechos y pagar por sus malos actos”, insistió el perredista, y reiteró que en su partido hay una cláusula que limita el acceso de aspirantes involucrados en acciones delictivas.
Indicó que el filtro para nominar a los aspirantes es amplio, y en este proceso se hace valer la honorabilidad, la simpatía y el arraigo de los aspirantes.
Carmona señalo que Altamirano Ramos solicitó registro como precandidata apoyada por una corriente del magisterio y del mismo partido, pero fue derrotada.
Fuente: Milenio
(Óscar Rodríguez/Oaxaca)
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