La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial, dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada por un Juez instructor, contra:
1. Yolanda Campos Hernández alias “Yola”.
2. José Isabel Ramos Huerta alias “Chabelo”.
3. Arturo Morón Campos.
4. Evaristo Mellado Robles.
5. Juliana Maldonado Campos alias “July”.
6. Guadalupe Sánchez Rosales alias “Lupe”.
7. Yazmín Ramos Montalvo alias “Polett”.
8. Leslie Pacheco Correa.
9. Nancy Mariana Hernández Almazan.
10. Francisco Javier Villar García.
11. Jorge Paredes Torres alias “Kokis”.
Lo anterior, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, trata de personas, corrupción de menores y lenocinio.
Además, contra el último de los señalados, por el delito de portación de arma de fuego sin tener expedida la licencia correspondiente.
Estas personas fueron detenidas el pasado 16 de abril, en una acción operativa de colaboración de las Procuradurías Generales de Justicia de Puebla y del Estado de México, en dos bares y una casa de seguridad en Puebla, en donde presuntamente explotaban sexualmente a menores de edad que previamente habían sustraído con violencia de sus lugares de origen.
De acuerdo con la investigación que integró el Fiscal de la SIEDO, se encontraron indicios de que los inculpados, de forma organizada, se llevaron a Puebla, por la fuerza, a dos adolescentes de 14 años, a quienes obligaron a trabajar en dos bares manteniendo relaciones sexuales con los clientes; lugares en los que diversas mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y mantenían en ese lugar viviendo a tres niños.
En cumplimiento de la orden de captura, elementos de la Policía Federal Ministerial ingresaron a los varones al Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz, mientras que las mujeres fueron trasladadas a un penal en Baja California, donde quedaron a disposición del Juez instructor, quien en los términos de ley, definirá su situación jurídica.
Con acciones como ésta, el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, reitera su compromiso de llevar ante la Justicia Federal a quienes se separen de la legalidad, y emplear los instrumentos jurídicos de que le proveen la Ley y el Estado de Derecho para evitar que la comisión del delito de trata de personas se mantenga en la impunidad.
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