Cancún, Quintana Roo.
No quería hablar del tema. No quería recordar los momentos en que fue extorsionado por los “zetas”, motivo que lo obligó a cerrar el negocio que tenía por su seguridad, pero Alfredo (nombre ficticio que le daremos para proteger su identidad) narró su experiencia y sentir, sobre este problema que afecta principalmente al comercio en pequeño de Cancún.
Nunca imaginó que poner un negocio de comida por el sitio conocido como “El Crucero”, en el cual invirtió todos los ahorros de la liquidación que le dieron por haber trabajado varios años en un hotel, le traería más penas y preocupaciones que alegrías.
Alfredo dijo que, como todo novel empresario, comenzó lleno de ilusiones, desde que rentó el local, mandarlo a pintar y adecuar a las características que quería, así como en adquirir las planchas para la comida, mesas, sillas, vasos, platos y cubiertos, entre otras cosas.
Luego de un par de meses, en el cual el restaurante comenzó a funcionar y poco a poco la clientela se empezó a reflejar en el negocio, iniciaron los problemas.
“Primero comenzó a llegar un grupo de seis policías, los cuales iban a desayunar y a comer, pero no pagaban; decían que era la cuota que se tenía que pagar por la seguridad que brindaban”, destacó.
Después, dijo, un grupo de cuatro personas bien vestidas acudía a diario al lugar a comer, yo no les prestaba mucha atención, debido a los demás clientes que se tenían que atender, pero en una ocasión luego de comer regresaron por la tarde y preguntaron por el propietario del lugar.
“Se presentaron como ‘zetas’ y me dijeron que le avisara al propietario del lugar, pero no sabían que era yo, que tenía que pagar cinco mil pesos mensuales de protección”, recordó temeroso Alfredo.
Comentó que cada vez que llegaban al local y le preguntaban, les decía lo mismo: “que le informaría al dueño sobre el asunto”, pero que esas personas mantenían vigilado el área, ya que dejaban a una persona en la esquina para informarles sobre cualquier movimiento que se hacía.
Fue hasta que llegaron muy agresivos al restaurante, en el cual rompieron varias sillas y asustaron a los comensales, que decidió cerrar para mantener su integridad y no caer en el chantaje.
En varias ocasiones pensó en denunciar los hechos, hasta que observó cómo los policías que acudían a comer de manera gratuita en su local hablaban en forma amena con los integrantes de la delincuencia organizada.
A raíz de esto, aseguró Alfredo, preferí cerrar mi negocio, el cual tuve solamente por espacio de cinco meses, ya que como pequeños empresarios estamos indefensos ante las extorsiones.
Además, “no podemos confiar en nuestras autoridades, cuando observamos que también se encuentran relacionados o coludidos con ellos, qué defensa tenemos los que queremos trabajar para superarnos”.
Dejó ver que la mayoría de los locales que se encuentran cerrados en el primer cuadro de la ciudad es debido a este problema, no por el hecho de que las rentas sean elevadas o porque no haya clientela.
Ante todo esto, a Alfredo no le quedó más remedio que volver a buscar trabajo en el sector hotelero, al considerar que es preferible tener un ingreso fijo que invertir en un negocio y ser extorsionado.
Inseguridad, un lastre para las empresas
La competitividad, la carga tributaria y el ajuste de los costos operativos no son los únicos factores con los cuales tienen que lidiar los empresarios para mantenerse en el mercado, ya que en los últimos cinco años el tema de la delincuencia organizada se convirtió en un lastre más que influye a la hora de bajar cortinas.
Aún cuando las estadísticas del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C. (Icesi), refieren que las acciones delictivas afectan de forma generalizada a los mexicanos máxime en las entidades con mayor grado de violencia, la iniciativa privada es más vulnerable sobre todo la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), en donde las extorsiones, derecho de piso y secuestros, son una constante.
Las estadísticas del Icesi refieren que el índice delictivo y la violencia se dispararon en 16 estados del país, entre ellos Quintana Roo.
De ahí que el impacto en el sector empresarial se ha recrudecido al grado que hay casos de negocios cerrados, así como empresarios que cambiaron de residencia ante las constantes amenazas de “levantones”.
En entidades como Morelos, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal y Quintana Roo, el tema de la extorsiones se encuentra por arriba de la media nacional al registrar 7.4 casos por cada 100 mil habitantes.
El sector empresarial es el más vulnerable.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Manuel Peraza Peraza, admitió que el tema de la delincuencia organizada finalmente influye a la hora de invertir e incluso de seguir vigente en el mercado, pues hay casos que son aislados de ese colectivo empresarial que ante las amenazas del crimen organizado decidieron cerrar.
Mencionó que aún cuando no es un asunto exclusivo de la entidad, ya que afecta a todo el país, sí es lamentable que los empresarios sean blanco de la delincuencia organizada por el hecho de operar un negocio por muy pequeño que sea, de ahí la exigencia a las autoridades para salvaguardar la seguridad no sólo del sector, sino de la ciudadanía en general.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de la Riviera Maya (Apirq), Antonio Cervera León, dijo que las acciones delictivas sin duda alguna afectan al sector, pero no existen cifras oficiales que revelen el panorama real sobre las extorsiones, secuestros y el derecho de piso porque la mayoría no denuncia.
Comentó que lamentablemente no se tiene esta cultura, por ello han venido trabajando con las cámaras empresariales para crear conciencia sobre la importancia de interponer la queja formal sobre esos acontecimientos a fin de que se investigue y se finque responsabilidad, pero el problema radica en que no se confía en las autoridades.
Este panorama de desconfianza de acuerdo al ICESI, tiene su origen en que las corporaciones policíacas pudieran tener nexos con el crimen organizado, tan es así que en Quintana Roo durante el período 2008-2010 obtuvo el primer lugar en impunidad sobre actividades delictivas.
Incluso existen casos en donde la Procuraduría de Justicia del Estado nunca resolvió casos relacionados tanto a la iniciativa privada como a la población en general.
También destaca que al no haber una resolución de esas investigaciones, sólo quedan archivados y con el paso del tiempo se dejan en el olvido.
Además, datos del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO), refieren que la inseguridad impacta la competitividad y que el costo de un delito es muy alto, pues equivale al 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la impunidad se deriva de un sistema de administración de justicia fallido que genera desconfianza en el sistema, lo que provoca que la gente no denuncie.
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