La cifra de asesinatos en Veracruz ascendió a 83 en las últimas tres semanas por actividades del crimen organizado y el narcotráfico, 12 de ellas en las últimas horas, de las cuales dos se registraron el sábado en el ataque de un comando a un hotel de paso de Xalapa, la capital de este estado, donde la agudización de la violencia provocó la renuncia del procurador de Justicia.
Del 20 de septiembre a la fecha se encontraron 83 cadáveres, 35 de ellos en casas de seguridad, otros 36 arrojados a la vía pública, todos ellos en los municipios conurbados de Veracruz y Boca del Río, así como 10 más localizados el viernes en dos barrios del puerto veracruzano. Las más recientes muertes se produjeron el sábado durante el asalto de un hotel en Xalapa.
Reportes del gobierno estatal indicaron que en la madrugada del sábado un comando armado arribó a las instalaciones del Auto Hotel Eros, ubicado en la calle Luis Hidalgo Monroy, colonia Rafael Lucio, y disparó contra varias personas, dando muerte a una trabajadora de intendencia y a un hombre.
Los atacantes también hirieron a dos mujeres a golpes y luego incendiaron las instalaciones del hotel, aunque el fuego fue sofocado rápidamente por la intervención del Cuerpo de Bomberos.
Durante la noche del viernes 10 cadáveres fueron abandonados en las colonias Laguna Real y Santa Fe, localizadas en la zona turística del puerto veracruzano, donde está vigente un operativo especial de vigilancia instrumentado con fuerzas federales.
En la colonia Laguna Real fue abandonada una camioneta con siete cuerpos en su interior. Horas antes, en la colonia Colinas de Santa Fe, tres cuerpos fueron hallados en la vía pública.
Lucha por la plaza
La violencia en Veracruz se recrudeció en los últimos seis meses por la lucha de cuatro cárteles de la droga que buscan apoderarse del tráfico de estupefacientes, indocumentados y las rutas hacia Estados Unidos, Asia y Europa.
De acuerdo con jefes navales, en territorio veracruzano operan células de los cárteles de El Golfo, Los Zetas, La Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación, por lo que obligó a las autoridades federales y estatales a poner en marcha el plan de emergencia Operación Coordinada Veracruz.
La creciente actividad del crimen organizado mantiene en vilo y zozobra a miles de habitantes y a toda una sociedad poco acostumbrada a esos niveles de inseguridad, lo que provocó una turbulencia política que derivó en la renuncia del procurador de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez.
El temor se refleja en las redes sociales, como un pequeño ejemplo de la forma en que la violencia permea en la sociedad, ya que en la zona turística de Veracruz y Boca del Río la vida nocturna se apaga lentamente y el sector de servicios, como restaurantes y hoteles, agonizan con una caída de hasta 30% en sus ventas. Los jarochos se convirtieron en testigos mudos de la guerra entre cárteles por controlar el territorio y la lucha de los gobiernos estatal, federal y de las fuerzas armadas por limpiar la plaza de la delincuencia.
Detención de “matazetas”
En la semana, elementos de la Secretaría de Marina lograron la captura de ocho integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, señalados como autores de las dos matanzas en la entidad.
Con la aprehensión de los sicarios, autonombrados como Matazetas, se confirmó la operación de un nuevo cártel en territorio veracruzano, pues hasta hace unos meses jefes navales habían revelado que operaban “sólo” los cárteles del Golfo, Los Zetas y reductos de La Familia Michoacana.
El vocero de la Marina, José Luis Vergara Ibarra, informó que los detenidos estarían vinculados con el hallazgo de 67 cuerpos aparecidos el 20 de septiembre y este 6 de octubre en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.
Dio a conocer la detención de 12 presuntos miembros del cártel de Los Zetas, quienes se dedicaban a privar de la vida a familiares de integrantes de otros grupos criminales.
En la lista de detenidos está Aquiles, mismo a quien las autoridades identifican como Comandante Chilaquil, y se le señala como supuesto jefe de plaza en Veracruz de Los Zetas, grupo que mantuvo asolada a la población durante años con secuestros y el cobro de derecho de piso.